La directora de la entidad calificó de positiva la iniciativa que busca combatir la explotación a menores.
Por: Redacción Nacional
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en cabeza de su directora general, Cristina Plazas, apoyó la propuesta que busca aplicar la Ley de Extinción de Dominio para las personas que fomenten la explotación sexual infantil. Plazas consideró positiva la medida y afirmó que permitirá la extinción de los sitios y criminales que atentan contra los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Así mismo, Plazas afirmó que trabajarán de la mano con el Ministerio de Justicia, entidad que lidera la iniciativa y es la encargada de realizar este tipo de procesos de manera autónoma, puesto que no se requiere la condena de los criminales para su aplicabilidad. La idea del proyecto es afectar directamente las finanzas de los responsables de este tipo de delitos, que es ‘‘donde más les duele’’, según dijo la funcionaria.
En el marco de la visita que adelanta al departamento de La Guajira, Plazas confirmó también el trabajo conjunto con los alcaldes y gobernadores, además de los padres de familia y los superiores de los colegios en los lugares que más sufren este flagelo.
La funcionaria celebró de igual forma, que los operativos que realiza la Fiscalía General de la Nación estén dando resultados importantes que sancionen crímenes de este tipo.
JUDICIAL 23 OCT 2014 - 5:47 PM
Solicitan declaración del general Palomino por el 'cartel de los vándalos'
Aseguran que con sus acusaciones el director de la Policía Nacional afectó la honra y el buen nombre de las personas que aparecieron en los carteles que fueron repartidos en Bogotá.
Por: Elespectador.com
El abogado Jorge Molano le solicitó a la Fiscalía General que cite a declarar al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino y al exdirector de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez por las acusaciones lanzadas en el denominado ‘cartel de los vándalos’.
El jurista aseguró que en su momento los oficiales señalaron a algunos de estos jóvenes como “vándalos y terroristas” pese a que no existían ninguna investigación en su contra, ni existían pruebas que los vincularan directamente con los ataques registrados en contra de buses y estaciones del sistema masivo de transporte TransMilenio en marzo del año pasado.
“Incluso un año después no hay nada en contra de ellos y los señalaron de delincuentes sin que la Fiscalía los estuviera investigando”, precisó el abogado al indicar que los generales deben emitir una disculpa pública por sus declaraciones y ser investigados penal y disciplinariamente por este hecho.
Resaltó además que diferentes instancias judiciales ordenaron retirar los carteles que fueron pegados en diferentes puntos de Bogotá puesto que se consideró que se estaban vulnerando los derechos fundamentales. “Se han presentado denuncias penales por los delitos prevaricato, abuso de autoridad e injuria y calumnia”.
Ante esto aseguró que los dos oficiales deben responder por los daños morales y materiales que ocasionaron con la publicación de dichos afiches y las declaraciones en los medios de comunicación.
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